Embarazo precoz en Panamá: una lucha de prevención culturalmente compleja

María Kris tiene 20 años. En el 2016, logró terminar la escuela secundaria, que había dejado a sus 15, cuando cursaba tercer año de secundaria y se enteró de que estaba embarazada. 

La joven decidió convertirse en bachiller gracias al centro Las Claras, de la Fundación Voces Vitales, un lugar en la comunidad de Felipillo que tiene como meta ayudar a las niñas y adolescentes que hayan quedado embarazadas y desertado de su escuela para que puedan terminar sus estudios, estabilizarse psicológicamente, conseguir trabajo y reintegrarse a la sociedad para así generar un aporte al país.

María, quien era menor de edad cuando quedó embarazada, en ese entonces tenía una pareja tres años mayor. “Era un muchacho que vivía por mi casa, mi mamá no sabía. Me dio mucha pena cuando me empecé a sentir tan rara y no quería decirle nada a ella. El momento de contárselo fue muy doloroso, ella se largó a llorar. Al principio, no sabía ni cómo reaccionar, es algo muy difícil”, relata María.

Cuando le pregunté si tenía conocimiento acerca de los métodos anticonceptivos, respondió afirmativamente. “Sí tenía conocimiento, pero en realidad pedir un condón en una farmacia me resultaba raro, no creía que nadie me fuera a vender algo así, ni tampoco inyectarme, creo que me daba pena”. Actualmente, María trabaja en la Bolsa de Valores de Panamá, gracias al bachiller en Contabilidad que logró conseguir al graduarse del centro. 

El 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, precisamente para evitar que se repitan historias como las de María. 

La tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1,000 niñas, mientras que las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe continúan siendo las segundas más altas en el mundo, estimadas en 66.5 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años. Cifras solo superadas por las de África subsahariana, según indica el informe “Aceleración del progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe”, presentado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en febrero de 2018. 

Leer más: Embarazo no deseado

Un problema culturalmente complejo

Se estima que 16 millones de niñas, entre los 15 y 19 años, dan a luz anualmente, y un 95% de esos nacimientos se producen en países en desarrollo. Así lo demuestra el estudio que realiza James E. Rosen en el Departamento de Reducción de los Riesgos del Embarazo, de la OMS. Estos números representan el 11% de todos los nacimientos en el mundo.

El departamento de Rosen está estudiando los medios de prevenir el embarazo precoz —en particular entre las jóvenes marginadas— en los países en desarrollo y la medida en que los sistemas de salud atienden sus necesidades.

“El contexto es complicado porque las cuestiones culturales influyen en el comportamiento sexual”, dice la doctora Virginia Camacho, del Departamento de Salud y Desarrollo del Niño y del Adolescente de la OMS.

“Las tasas de fertilidad en adolescentes siguen siendo altas. Afectan principalmente a las poblaciones que viven en condiciones de vulnerabilidad y muestran las desigualdades entre y dentro de los países”, resalta Carissa F. Etienne, directora de la OPS. 

Agrega que “no solo obstaculiza el desarrollo psicosocial de la madre, sino que se asocia con resultados deficientes en la salud y con un mayor riesgo de muerte materna. Además, sus hijos están en mayor riesgo de tener una salud más débil y caer en la pobreza”.

“Las causas del embarazo adolescente están muy asociadas al entorno social y área de riesgo social. Por ejemplo, tener antecedentes de padres divorciados, abuso de drogas y alcohol, haber sido abusadas física, verbal o mentalmente. Todos estos factores contribuyen, además del hecho de que las mujeres salgan a trabajar y los niños queden sin supervisión o el tema de la educación sexual, que sigue siendo un tabú en nuestro país”, explica la psicóloga clínica Jessica Pinzón, directora del centro Las Claras. La psicóloga añade que en el caso del centro también han recibido embarazos por matrimonios forzados, violaciones  y prostitución. 

En el informe “Vivencias y relatos  sobre  el embarazo  en adolescentes: Una aproximación a los factores culturales, sociales y emocionales a partir de un estudio en seis países de la región”, realizado por el Plan International y Unicef, se revela que entre los motivos por los que muchas adolescentes quedan embarazadas a tan corta edad está la falta de información, la falta de oportunidades, las expectativas sociales y la violencia sexual.

La realidad de Panamá

La situación en el Istmo es alarmante. En los dos primeros meses de este año, 1,738 adolescentes,  entre 10 y 19 años, ingresaron al sistema de control prenatal, según revelan los datos del Ministerio de Salud (Minsa). Esta cifra, que no incluye los datos estadísticos de la Caja de Seguro Social (CSS) ni de las clínicas privadas, representa un incremento de 166 casos respecto a los reportados en el mismo periodo del año 2017. 

Para junio, los casos aumentaron a un total de  6,090 jóvenes de entre 10 y 19 años según las últimas cifras reveladas por el Minsa (agosto 2018) que corresponden al primer semestre del año. La cifra representa 308 casos más que los registrados durante el mismo periodo de 2017, cuando se contabilizaron 5,782 adolescentes en estado de gravidez.

Leer más: Panamá carece de datos sobre conductas en embarazo en jóvenes

El acceso a la educación libera

El informe “Aceleración del progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe”, presentado en febrero del 2018 por la OMS y la OPS, señala que en algunos países las niñas adolescentes sin educación o con solo educación primaria, tienen cuatro veces más posibilidad de quedar embarazadas que adolescentes con educación secundaria o terciaria. De la misma manera, la probabilidad de empezar a concebir hijos es entre tres y cuatro veces mayor en las adolescentes de hogares más pobres en comparación con las que viven en estratos socioeconómicos más altos en el mismo país. Las niñas indígenas, en particular en áreas rurales, también tienen una mayor probabilidad de tener un embarazo a temprana edad.

Algo que respaldan las cifras en Panamá, ya que el último informe estadístico del Minsa señala que la comarca Ngäbe-Buglé, San Miguelito y la provincia de Chiriquí son las regiones del país que presentan la mayor incidencia de embarazos, con 1,953, 1,022 y 924 casos, respectivamente.

“El tema de la educación sexual en Panamá sigue siendo un tabú, porque si tú me preguntas a mí como especialista, yo lo veo como un tema de autocuidado, que se enseña desde que un niño nace”, insiste Pinzón. 

Subraya que desde temprana edad se enseña a lavarse, cuidarse y asearse. “Y como desde pequeños saben que tener relaciones sexuales es un riesgo o puede interferir con su plan de vida, tienen las herramientas adecuadas para poder decidir. No es algo externo a ellos, es algo intrínseco a que yo tomo decisiones para poder cuidarme y hacer las cosas bien”. La psicóloga también señala que los estudios demuestran que los niños que han recibido información acerca de autocuidado o educación sexual comienzan a tener relaciones sexuales a una edad mayor respecto a los que no la reciben. 

En Europa, por ejemplo, existen dos casos de estudio muy particulares. El primero es el de Reino Unido que, a la fecha, según los registros sanitarios mundiales, posee la tasa más alta de embarazos adolescentes de la región, siendo de 26 partos en adolescentes por cada 1,000 mujeres. En dicho país, “la educación sexual no es obligatoria en las escuelas, y algunas de inspiración religiosa ni siquiera imparten esa educación, por lo que la cobertura es irregular”, explica Leo Bryant, gerente de promoción en Marie Stopes International (MSI), un grupo británico de defensa de los derechos reproductivos. 

En contraposición al Reino Unido, existe el caso de Países Bajos, que posee una de las tasas más bajas de Europa de embarazos en adolescentes (de cuatro partos  por 1,000 mujeres). En este caso, la educación sexual comienza en la escuela primaria. 

La lucha en pro de la educación sexual 

La planificación familiar ha sido una necesidad insatisfecha desde principios de la República en Panamá. En la década 1940 era normal que una mujer menor de 20 años fuese al Hospital Santo Tomás a parir su tercer o cuarto hijo, explica Nischma Villarreal, directora ejecutiva de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), quien además es abogada con experticia en género y políticas sociales. 

Aplafa, fundada por médicos ginecólogos visionarios en diciembre de 1965, vino a responder una demanda de servicios e información de salud que la institución de salud del Estado no proveía, y que todavía, según la activista y exdiputada Teresita de Arias, no lo hace. 

“Los esfuerzos históricos que se han hecho en materia de educación sexual y VIH los han hecho asociaciones no gubernamentales”, explica la exdiputada. 

El Gobierno se ha negado, reflexiona. “Aunque la Asamblea Nacional no haya aprobado la ley de educación sexual y reproductiva, el gobierno podría haber dado, a través de los centros de salud, orientación y asistencia a las adolescentes”, enfatiza.  

Jessica Pinzón explica que muchas de las chicas que llegan al centro Las Claras cuentan que en el momento en que decidieron cuidarse y fueron a buscar información a los centros de salud se negaron a ofrecerles métodos anticonceptivos, ya que no contaban con la aprobación de un acudiente mayor de edad. 

“Estamos tarde.  No es cierto que los jóvenes no están recibiendo información. Sí la están recibiendo, pero de fuentes equivocadas”, apunta Teresita de Arias. 

“Los proveedores de salud deben estar capacitados para brindar atención adecuada a las adolescentes embarazadas y asesoramiento a las muchachas que no quieren quedar”, expresa la doctora Virginia Camacho, del Departamento de Salud y Desarrollo del Niño y del Adolescente, de la OMS.

“La falta de información y el acceso restringido a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva adecuados, tienen una relación directa con el embarazo adolescente”, ilustra Esteban Caballero, director regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe. “Reducir el embarazo  adolescente implica asegurar el acceso a métodos anticonceptivos efectivos”, advierte.

La discusión del proyecto de ley 61 de Educación Sexual y Reproductiva, que adopta políticas públicas de educación integral, atención y promoción de la salud fue suspendida en enero del año pasado, en primer debate, por el presidente de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, Gabriel Soto. “Tenemos la sociedad partida en dos, y el tema se ha polarizado”, había indicado el diputado del oficialista Partido Panameñista. “Hay posiciones extremas y encontradas”, lo que ha impedido que se llegue a consensos, señaló en ese momento. 

Retos de frente al futuro

El informe presentado por la OPS, la OMS, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la UNFPA, titulado “Aceleración del progreso hacia la reducción del embarazo en la adolescencia en América Latina y el Caribe”, señala algunas recomendaciones  para reducir el embarazo adolescente, que involucran desde acciones para generar leyes y normas hasta trabajos de educación a nivel individual, familiar y comunitario:

• Promover medidas  y normas que prohíban el matrimonio infantil y las uniones tempranas antes de los 18 años.
• Apoyar programas  de prevención de embarazo basados en la evidencia que involucren a varios sectores y que apunten a trabajar con los grupos más vulnerables.
• Aumentar  el uso de anticonceptivos.
• Prevenir  las relaciones sexuales bajo coacción.
• Reducir  significativamente la interrupción de embarazos en condiciones peligrosas.
• Aumentar  el uso de la atención calificada antes, durante y después del parto.
• Incluir  a las jóvenes en el diseño e implementación de los programas de prevención de embarazo adolescente.
• Crear y mantener  un entorno favorable para la igualdad entre sexos y la salud y los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes.

 

Además, Nischma Villarreal, señala: “La prevención del embarazo adolescente y las acciones a tomar para que los adolescentes posterguen la maternidad superan la competencia del sector salud y requieren urgente respuesta de otros sectores. El aumento de la cobertura y la calidad de la educación superior, la superación de barreras para acceder a los servicios de salud, la inserción en el mercado laboral y el mejoramiento de espacios para la cultura y el uso del tiempo libre, tendrán un impacto positivo en la prevención del embarazo adolescente. De allí, la necesidad de desarrollar programas de educación para cambios de comportamiento”. 

La abogada señala algunas iniciativas que se podrían emplear para seguir luchando frente a esta problemática social: 

• Divulgar información que salva vidas. El uso de TICS, aplicaciones y las redes sociales son canales óptimos para divulgar información que prevenga las infecciones de transmisión sexual y el embarazo adolescente. Además de  promover las relaciones asertivas (libres de violencia), saludables, la sexualidad responsable, habilidades sociales y proyectos de vida.
• Uso de la evidencia científica. Es muy importante impulsar el uso de la información en la formulación de políticas e intervenciones basadas en la evidencia para prevenir y reducir el embarazo adolescente. Para ello es necesario fortalecer la creación de fuentes de evidencias científicas y la gestión del conocimiento sobre la problemática del embarazo adolescente y sus abordajes en los diferentes territorios de Panamá.
• Intervenciones basadas en evidencia. Monitorear comportamientos, tendencias y alertas (factores de riesgos y problemas asociados) del embarazo precoz en territorios del país que muestran mayor tasa de incidencia e implementar programas de atención directa. En otras palabras, identificar la población más vulnerable y ofrecer un paquete de servicios esenciales, integrados y gratuitos en el cuidado de la salud sexual y reproductiva.