Mié, 01/19/2022 - 15:26
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El proyecto de Ley 567 crea un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aprobado el pasado 11 de enero por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).
Catorce años después de presentarse un primer proyecto, Panamá cuenta finalmente con una ley marco que "obliga" a las autoridades a garantizar los derechos de la infancia, aquejada por niveles de pobreza que se multiplican en las áreas rurales e indígenas del país.
Se trata del proyecto de Ley 567 que crea un Sistema de Garantías y de Protección Integral de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, aprobado el pasado 11 de enero por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y pendiente de la sanción presidencial para su entrada en vigor.
"La implementación de la Ley impone retos mayores que los de su aprobación legislativa. Hay que reconocer que, en este caso, la aprobación legislativa tomó demasiado tiempo. El primer proyecto se presentó en el 2007", dijo a Efe el especialista en Política Social de Unicef, Jorge Giannareas.
Esta iniciativa legislativa germinó tras el escándalo de abusos sexuales y maltrato a menores en albergues supervisados por el Estado que estremeció al país y provocó protestas en el 2021.
Unicef dijo en un comunicado que la norma armoniza la legislación local con la Convención sobre los Derechos del Niño y "salda una deuda histórica" del país con los niños, niñas, adolescentes y sus familias, para avanzar en la plena garantía y goce de todos los derechos para todos los niños, sin discriminación.
Presupuesto y personal capacitado
Para Unicef "es imperativo que en el corto plazo, luego de la sanción presidencial, el Ejecutivo expida" la reglamentación de la ley "y más importante aún, se doten a las instituciones competentes de los recursos del presupuesto para su implementación".
Giannareas destacó que se requerirá entrenar profesionales para la aplicación de la ley, "y que haya una voluntad constante de trabajar de una manera articulada, es decir, que todos los ministerios piensen que la ley debe implementarse como una de sus prioridades".
Y también se necesitará "que haya una perspectiva de equidad, es decir, que el Estado haga un esfuerzo por aquellos que se encuentran en una situación de mayor desventaja", dijo el especialista del ente mundial.
Garantizar los derechos a todos los infantes
La nueva ley establece "una manera de gobernanza de las políticas públicas de infancia de manera que las autoridades tengan la obligación de garantizar los derechos" a todos los niños y no solo a algunos, como ahora ocurre, aseveró Giannareas.
Así quedó demostrado en un estudio presentado por Unicef en el 2018 que situó en 32,8 % la pobreza multidimensional en niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años Panamá.
El estudio reveló que las carencias en vivienda, servicios de agua y saneamiento, salud y alimentación, educación e información y protección y recreación - las áreas que componen el índice - no afectan a todos por igual en el país.
Mientras el índice de pobreza multidimensional se situó en 9,8 % en la provincia de Los Santos o en 19,6 % en la capital panameña, en las comarcas indígenas de Guna Yala y Ngäbe-Buglé se elevaba a 99,3 % y a 95,4 %, respectivamente.
Esos resultados revelan "que hay muy poca inversión local y muy poco despliegue de recursos en zonas apartadas, rurales y sobre todo en territorios indígenas", y una de las causas es que falta "pensar en modo integral la cuestión de los derechos" de la infancia.
"Lo que hace la ley es buscar una articulación entre todas las instituciones (…) obliga a las autoridades a que conversen entre ellos y pongan por delante a las poblaciones que tienen que atender", explicó Giannareas.
Expectativas
Es así que una de las expectativas a mediano plazo derivada de la implementación de la ley marco es que haya "resultados significativos sobre la reducción de las privaciones que sufren los niños en distintas partes del territorio", precisó el especialista.
A largo plazo, de lo que se trata es de garantizar el crecimiento y desarrollo de los niños a través de políticas públicas basadas en la evidencia y administradas de manera transparente y con la debida rendición de cuentas, agregó.
"Una cosa que no hay que perder de vista es que una ley marco, que busca garantizar derechos, tiene como propósito fundamental la prevención. Lo que causa titulares, escándalos, son las privaciones de los derechos de los niños, el abuso, la explotación, y la ley lo que está dirigida es a prevenir que esas cosas ocurran", destacó Giannareas. EFE
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