Leyes impiden el empoderamiento económico de las mujeres

Podría pensarse que en 2021 las barreras que las mujeres tienen aún que sobrepasar no las pondrían los Estados, pero lo cierto es que la desigualdad de género rebasa sectores e instituciones y sigue muy presente incluso en las legislaciones de los países de América Latina. Esa es la realidad que pone de relieve el informe “Avance y retos legislativos en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres en Iberoamérica” de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) y ONU Mujeres.

 

El informe, que es producto del trabajo que desde 2017 realizan ambas instituciones para mejorar los marcos jurídicos de los países de la región en materia de género, señala las deficiencias de las legislaciones nacionales de los países de Iberoamérica en cuanto a empoderamiento económico, así como las correspondientes recomendaciones para subsanar estas discriminaciones.

 

“Es necesario cambiar las leyes porque, si no, no vamos a alcanzar los cambios culturales que necesitamos, no vamos a alcanzar el desarrollo y no vamos a entender que la economía del cuidado también es de sustento, de bienestar y de calidad de vida”, asegura la secretaria de Derechos Humanos del Gobierno de Ecuador, Cecilia Chacón, quien aplaude la iniciativa.  

 

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Un informe sobre 22 leyes de empoderamiento económico en Iberoamérica

El estudio detalla las leyes que afectan al empoderamiento económico de las mujeres en cada uno de los 22 países de Iberoamérica así como una propuesta de agenda de reformas legislativas para los próximos cinco años “con el objetivo de conseguir una igualdad de género real y sustantiva en la región”.

 

Cada país cuenta con una ficha propia, que en algunos casos ya fue presentada ante las autoridades nacionales, con datos extraídos de cuestiones como el salario, la seguridad social, la libertad de elección del empleo y la protección del trabajo doméstico remunerado y la maternidad.

 

 

“En el contexto de crisis actual provocada por el COVID-19, suprimir normativas que impiden el pleno disfrute de los derechos de las mujeres se ha convertido en un requerimiento preponderante e inaplazable“, avanzan ambas instituciones, quienes recuerdan que los efectos de esta crisis “no son neutros para las mujeres”.

 

“El aumento de la violencia de género, el incremento en la carga del trabajo relacionado con el cuidado y la atención a las personas, el deterioro y la pérdida de empleo son solo algunas de las repercusiones diferenciadas entre mujeres y hombres que nos trae la pandemia. Los gobiernos, las instituciones públicas y privadas, así como la comunidad internacional, debemos responder desarrollando estrategias y respuestas efectivas”, aseveran en el informe.

 

“Lo que falla es la acción de la justicia”

Argentina, según revela la diputada María Rosa Martínez, ya está tomando en consideración las recomendaciones de este informe “sumamente útil” que “alienta” a mejorar las legislaciones. 

 

En su caso, el estudio señala que el país necesita introducir cambios en la legislación para garantizar la libertad de elección de empleo, igualar la edad de jubilación y los derechos de excedencia para tareas de cuidado, así como aumentar la licencia de maternidad y la de paternidad.

 

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“La región tiene que tomar los pasos necesarios”, afirma Martínez, quien apunta a que en su país ya existen las leyes pero “lo que falla es la acción de la justicia vinculada a esa legislación” sobre todo cuando se habla “de las violencias” contra las mujeres. 

 

La diputada asegura que su país viene “impulsando el feminismo popular como herramienta de transformación con participación activa de los estados en todos los niveles” y recuerda la importancia de otorgar recursos para alcanzar la igualdad de género. “Hacen que aquellas transformaciones que planteamos se hagan realidad aunque para eso haya tal vez que transformarlo todo”, agrega.

 

 

El 59 % de los países no tienen leyes de igualdad salarial

El 59% de los países de Iberoamérica no cuentan con la legislación necesaria para garantizar que los hombres y las mujeres reciban “igual remuneración por trabajos de igual valor”, una definición establecida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según revela el estudio.

 

A pesar de recoger la igualdad salarial en constituciones o legislaciones, la aplicación de Chile, Cuba, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, sigue siendo “más restrictiva” que el criterio de la OIT.

 

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En ese sentido, Segib y ONU Mujeres hacen recomendaciones a estos países para reformar artículos constitucionales o de las leyes de Trabajo para garantizar ese principio.

 

Ecuador recibe del informe recomendaciones tales como poner fin a restricciones que impiden la libertad de elección de empleo de la mujer, la limitación del Código del Trabajo a la igualdad de remuneración a trabajos iguales, o el aumento de la licencia de maternidad a las 14 semanas recomendadas por la OIT.

 

En ese sentido, Chacón reconoce que “hay que hacer actualizaciones” en la legislación para que “sus políticas publicas” sean “congruentes a la realidad de las mujeres”, a la vez que destaca la utilidad del informe: “los análisis y el conocimiento de la realidad permite una oportunidad para el cambio”, apunta Chacón. 

 

El 77 % no cuenta con legislación para proteger a las trabajadoras domésticas

En este caso, Andorra, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay no cuentan con la legislación necesaria para proteger a las trabajadoras domésticas de la región, un amplio sector de la fuerza laboral de Iberoamérica.

 

Este vacío legal sucede cuando tan solo en América Latina hay entre 11 y 18 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico remunerado, de los cuales el 93% son mujeres, de acuerdo a datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

 

Las situaciones de discriminación van desde derechos a vacaciones inferior al régimen general, remuneración mínima vital no obligatoria, inexistencia de descansos durante la jornada, faltas de inclusión en los sistemas de seguridad social o negación de alimentación y habitación en el caso de trabajadoras internas, entre otras circunstancias.